JUAN JOSÉ GARRIDO KOECHLIN.- Presidente Instituto Acción (Perú)
Haciendo un balance multitemático, el actual gobierno deja un país económicamente sólido en medio de una de las más virulentas crisis financieras mundiales, cautivando así a inversionistas globales que nos ven potencialmente como un hub regional. Latinoamérica, por cierto, no es –en estricto- un espacio atractivo: salvo contadas excepciones, es vista como inestable e irresponsable, por lo que nuestros avances destacan por partida doble. Al interior de nuestras fronteras, diversos grupos confabularon -los últimos cuatro años- con el fin de escalar los problemas sociales al punto de la insostenibilidad del gobierno, poniendo irresponsablemente en riesgo todo lo avanzado.
Dicho esto, sería muy mezquino sostener que el segundo gobierno aprista fue en general malo: reformas importantes en el área de educación y trascendentales proyectos de infraestructura -culminados y otros trazados-; el mantenimiento de la independencia otorgada a los ámbitos fiscales y monetarios, así como una responsable y equilibrada política exterior desde Cancillería; la culminación de los Tratados de Libre Comercio y la apuesta por encaminarnos globalmente como una Marca País, son probablemente los aspectos más destacables que deja éste gobierno.
Sería, de igual manera, exagerado calificarlo como exitoso. Ganada la estabilidad económica y social durante el gobierno anterior, este pudo ser un lustro de reformas importantes que nos catapulten –de manera directa- a un programa de crecimiento y desarrollo sostenido, uno que nos encamine -de una vez por todas- a ser parte de los llamados “desarrollados”, tarea que sin duda tomará más tiempo del que algunos suponen, pero que será imposible de lograr si seguimos retrazando las reformas pendientes. Lamentablemente, ésta era una oportunidad tendida: los recursos disponibles, la crisis que ameritaba las reformas, y un gobierno con mayoría para realizarlas.
El listado, obviado en el discurso presidencial, incluye una seria reforma laboral –dirigida a promover la competitividad- y tributaria -dirigida a formalizar la economía emergente-; una reforma de las instituciones claves que aseguren la protección de la propiedad privada, así como del Estado de Derecho; una reforma del estado que ajuste al mismo al tamaño de nuestra economía -y no al revés como es hoy en día-; reformas indispensables en los marcos regulatorios que incentiven la productividad del sector Servicios, punta de lanza de toda economía desarrollada; devolver a manos privadas aquello que no compete al rol del estado; erradicación de todo arbitrario beneficio otorgado; entre otros.
Muchos creen que el camino al desarrollo está garantizado; lamentablemente, las cosas no funcionan así. Uno no llega a un destino para el cual no se ha preparado. Si queremos un Perú desarrollado sólo queda actuar en concordancia; y nosotros, pues recordemos que el voto refleja nuestra propuesta respecto a qué Perú queremos.
